A medida que los escándalos en torno a Facebook se acumulan, la reacción contra los gigantes tecnológicos se acelera a un ritmo vertiginoso. Y el alegato contra las multinacionales del Big Data no se queda en el uso irresponsable de la información personal: se les acusa de explotar su poder de monopolio para acabar con la competencia, de contribuir a la difusión de noticias falsas y de promover la dependencia de las redes sociales. Mientras que Europa ha intentado corregir estos excesos, al otro lado del Atlántico Washington ha tomado una postura pasiva, con un poder político que sólo ha reaccionado cuando la legitimidad del sistema electoral se ha visto comprometida.

A finales de este mes de mayo, la Unión Europea implantará definitivamente un conjunto de leyes llamado Reglamento General de Protección de Datos. A diferencia de Estados Unidos, las naciones europeas sí han ido creando normas y entidades para poner límite a los excesos del Big Data. Ahora, la nueva regulación va más allá y crea una norma única para toda la Unión, para que las empresas clarifiquen cómo utilizan la información personal de sus usuarios. Asimismo, dota a los ciudadanos de mayor capacidad para restringir la explotación de los datos, incluyendo el derecho al olvido.

En los Estados Unidos, sin embargo, el boom de Internet coincidió con el espíritu desregulador de los noventa. La debilidad de las leyes y la ausencia de una infraestructura regulatoria propia –no hay una autoridad de protección de datos– fue la base del éxito de empresas como Facebook, apoyadas en un modelo de negocio que implica la eliminación de la privacidad. Estas plataformas monetizan la información dando acceso a compradores de datos y a aplicaciones de terceros, de forma que la atención y la información del usuario son las materias primas sobre las que se sostiene este negocio.

Dificultades

Esta delicada y novedosa materia prima con la que trabajan estas empresas hace difícil la regulación, incluso cuando existe voluntad de hacerlo. La UE se ha servido de la protección de la competencia para acabar con algunas prácticas abusivas pero, mientras tanto, las compañías del Big Data han estado explotando información que se utiliza para fines comerciales, electorales y de seguridad. En este sentido, una dificultad adicional aparece para los reguladores de EE.UU: el papel estratégico que algunas de estas empresas juegan en cuestiones de vigilancia como el programa PRISM, un proyecto de seguimiento a empresas y particulares llevado a cabo por Washington y que exige la colaboración de las tecnológicas.

Otra de las vías usadas por la Unión Europea es la de la fiscalidad. Los organismos comunitarios monitorizan desde hace años a grandes firmas que tratan de evitar impuestos, valiéndose de todo tipo de argucias legales y alegales. El problema es que, especialmente en tiempos de crisis, algunos estados otorgan ventajas fiscales a compañías resquebrajando el frente común. Ha pasado con Irlanda y Luxemburgo, por ejemplo.

Primeros casos

Un ejemplo de cómo Bruselas está tratando de poner coto al problema es el caso de Google, investigada por diferentes infracciones antimonopolio. La Comisión Europea impuso una multa récord de 2.420 millones de euros el pasado verano por abuso de posición dominante, al favorecer los servicios propios en las comparativas de precios de Google Shopping. Al mismo tiempo, la Comisión ha acusado a Google de abusos en la firma de contratos publicitarios y ha cuestionado la legalidad de exigir la instalación de aplicaciones predeterminadas a los fabricantes de móviles en Android.

Un segundo ejemplo ha sido la multa impuesta a Facebook por proporcionar datos engañosos e insuficientes tras la compra de WhatsApp. La cuantía se eleva a 110 millones de euros, la más elevada en un caso de este tipo. Una sanción que en España también ha reproducido la Agencia de Protección de Datos (AEPD) por el mismo motivo, así como por el tratamiento y utilización de los datos. Estos dos ejemplos muestran el que puede ser el camino para que la sociedad pueda controlar el Big Data y protegerse de los abusos de aquellos que se consideran demasiado grandes para la ley.