La prohibición de las redes sociales a menores avanza en países como España, Francia y Australia como respuesta al impacto de los algoritmos y la falta de protección digital. Pero detrás de la verificación obligatoria de edad y el mayor control de las plataformas se esconden riesgos poco visibles: fraude, exposición de datos familiares y nuevos problemas de ciberseguridad. Proteger a los menores es imprescindible; hacerlo sin anticipar las consecuencias puede abrir una puerta aún más peligrosa.
El debate sobre la prohibición de las redes sociales a los menores ha dejado de ser una discusión teórica para instalarse en la agenda política con vocación de ley. La polémica comenzó en Australia y, en solo unos meses la idea de restringir las redes sociales a los menores aterrizó en la Asamblea Nacional francesa. Hoy España se suma a la tendencia de limitar el acceso de niños y adolescentes a plataformas diseñadas para captar atención, datos y tiempo.
La receta que ha planteado Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, se repite —verificación obligatoria de edad, control de algoritmos y mayor responsabilidad para las plataformas—, pero el efecto real de estas medidas sigue siendo una incógnita incómoda. “Proteger a los menores es un objetivo legítimo. Pero, la verdadera cuestión es si lo estamos haciendo sin abrir, al mismo tiempo, nuevas grietas de seguridad y privacidad que afectan a toda la familia”. Señala Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.
Prohibición de redes sociales a menores: del consenso político a los efectos secundarios
No es casualidad que este debate haya ganado peso ahora. Australia fue uno de los primeros países en enfrentarse sin complejos a las grandes tecnológicas, exigiendo responsabilidades directas por el impacto de sus servicios, especialmente en menores. Francia acaba de dar un paso más al aprobar la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 15 años. Y España, por su parte, ha anunciado su propia hoja de ruta regulatoria, alineada con el discurso europeo de soberanía digital y protección del usuario.
Desde Dubái, en el World Governments Summit, Pedro Sánchez ha puesto palabras a esa inquietud institucional. Ha hablado de “desgobierno digital” y ha presentado un paquete de cinco medidas legislativas para combatir los abusos de las grandes plataformas, entre ellas la tipificación como delito de la manipulación algorítmica y de la amplificación de contenidos ilegales. El diagnóstico conecta con el de la Comisión Europea, la OCDE o UNICEF: la desinformación, los discursos de odio y la explotación de datos personales golpean con más fuerza a quienes tienen menos herramientas para defenderse. En este caso, los menores.
“El objetivo es legítimo. La pregunta es si estamos analizando todas las consecuencias”, puntualiza Hervé Lambert.
Verificación de edad y prohibición de redes sociales: el nuevo frente de la ciberseguridad
Australia dejó una lección que conviene no olvidar. Cuando la regulación avanza más rápido que la educación digital y el diseño seguro de los sistemas, el comportamiento no desaparece: se desplaza. Las barreras técnicas generan rutas alternativas.
Francia ya lo ha vivido con la restricción de acceso a contenidos pornográficos. El tráfico directo cayó, pero el uso de VPN y métodos de evasión se disparó, como recogieron informes de la Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). La barrera funcionó, pero solo parcialmente.
Con las redes sociales, el nuevo eje es la verificación de edad. Y ahí emerge uno de los grandes puntos ciegos del debate. “Regular es necesario. Anticipar riesgos, imprescindible. Porque cada nueva obligación técnica —verificación, trazabilidad, control de contenidos— crea también un nuevo perímetro de seguridad. Y todo perímetro genera incentivos para el fraude”, apunta el Global Consumer Operations Manager de Panda Security. Con las redes sociales y los menores, ese nuevo perímetro es la verificación de edad.
Prohibición de redes sociales y familias: cuando los adultos se convierten en la puerta de entrada
Cuando demostrar la edad se convierte en requisito, los adultos —padres y tutores— pasan a ser una pieza crítica del sistema. Sin pretenderlo, se convierten en la puerta de entrada.
Esto abre riesgos claros de ciberseguridad: suplantación de identidad mediante dispositivos con sesiones abiertas, robo de credenciales de cuentas clave como el correo electrónico o los perfiles de Apple y Google, ingeniería social dentro del entorno familiar y el conocido efecto dominó, donde una cuenta comprometida permite recuperar contraseñas y acceder a múltiples servicios.
El problema deja de ser únicamente que un menor acceda a una red social. Pasa a ser la exposición digital completa de una familia.
La verificación obligatoria suele traer consigo patrones bien conocidos por los analistas de fraude: aparición de mercados de cuentas ya verificadas, cesión o alquiler de perfiles adultos y campañas de phishing que imitan procesos oficiales de consentimiento parental. A esto se suma la centralización de datos extremadamente sensibles —documentos de identidad, imágenes o incluso biometría— en manos de plataformas privadas.
Como advierte la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad (ENISA), estos repositorios se convierten en objetivos prioritarios para el cibercrimen. Y a diferencia de una contraseña, una identidad filtrada no se puede cambiar.
Más control, nuevos riesgos: los límites reales de la prohibición de redes sociales
Existe además un efecto globo que rara vez ocupa titulares. Cuanto más se aprieta en las plataformas reguladas, más se desplaza la actividad hacia canales privados, servicios con menor moderación o aplicaciones no oficiales. No es una brecha técnica directa, pero sí un aumento del riesgo operativo: grooming, sextorsión, malware y estafas con mucha menos trazabilidad.
En el entorno móvil, el uso de versiones modificadas y aplicaciones fuera de los canales oficiales incrementa el riesgo de spyware y control remoto, un problema documentado por firmas de ciberseguridad como Kaspersky o ESET.
Educación, supervisión y estrategia a largo plazo
La gobernanza digital y el control algorítmico llegan tarde tras años de autorregulación insuficiente, pero pueden no ser la única respuesta. Proteger a los menores exige un enfoque integral: educación digital adaptada a cada etapa, acompañamiento real de familias y educadores y plataformas diseñadas desde el inicio con la seguridad y el bienestar como prioridad.
La prohibición total es técnicamente compleja y difícil de garantizar al 100%. Sin alternativas educativas y comunicativas, puede provocar justo lo contrario de lo que se busca: uso oculto, menor supervisión y mayores riesgos.
Australia abrió el camino, Francia ha acelerado el debate y España se prepara para intervenir con mayor contundencia. “El movimiento es comprensible y necesario. Pero regular sin anticipar los efectos colaterales es correr el riesgo de crear nuevos problemas mientras se intentan resolver los existentes”, advierte Hervé Lambert.
“Proteger a los menores en el entorno digital no es solo una cuestión de leyes. Es un reto colectivo en el que debe haber colaboración público-privada para exigir una correcta regulación y, al mismo tiempo, diseño responsable, educación y una mirada estratégica a largo plazo. La pregunta ya no es si debemos actuar. La pregunta es si lo haremos con la profundidad que el reto exige”, apostilla Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.